Acción civil/Primera parte/Participación ciudadana

Los gobiernos de los países integrados en la Organización de las Naciones Unidas consideran que en América Latina, incluido México, se ha alcanzado ya la democracia electoral y sus libertades básicas, pero queda pendiente avanzar para que el conjunto de nuestros derechos se tornen efectivos. Es decir, pasar de electores a ciudadanos. El desarrollo de la democracia depende, así, de que se amplíe la dimensión social de la ciudadanía, a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y de la creación de empleo de buena calidad.

En la fracción V del artículo 3, la Ley General de Desarrollo Social establece el “derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social”.

El contenido de esta fracción aterriza en la ley mexicana lo expuesto en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y lo que han demandado y construido muchísimas de nuestras comunidades y activistas desde hace mucho tiempo: La capacidad de las y los ciudadanos, las comunidades, las organizaciones, los diversos sectores de la sociedad, de participar en los asuntos de interés colectivo, de tomar en sus manos el control sobre el manejo de los recursos públicos, de decidir cuál debe ser el contenido de los programas y las acciones de gobierno. Es lo que permite hablar de democracia participativa, como algo distinto a democracia representativa.

Hablamos, en fin, de sociedad civil actuante. Como tal entendemos a la organización de ciudadanos fuera del gobierno, sin fines religiosos, de lucro o partidistas, con intereses públicos, que busca incidir sobre asuntos específicos o generales, relacionados con temas como género, salud, educación, ambiente, bienestar social, desarrollo, cultura y derechos humanos, entre otros.

En nuestro país todavía hay mucha gente que no puede ejercer plenamente sus derechos políticos. Sin embargo, al observarse ya una mayor tendencia a respetar el voto, ahora se considera que el siguiente paso es que la sociedad civil ocupe espacios de poder que antes le estaban vedados, en ejercicio de la tercera dimensión democrática, la social. Se trata de romper la estructura jerárquica con la que los gobernantes han estado acostumbrados a mandar, para que comiencen a hacerlo en cumplimiento del mandato que tienen como representantes de la sociedad civil.

Para algunos teóricos y muchos activistas de la participación ciudadana, lo que marca la democratización de las sociedades no es ya la ampliación de quiénes son considerados ciudadanos, sino la apertura de los ámbitos en los que puede participar y ejercer su poder. De acuerdo con esta posición, el avance democrático se puede medir no tanto en quiénes votan, dado que lo hace una gran mayoría de la gente, sino en los aspectos de la vida pública en los que tienen capacidad de opinar, actuar y decidir. Esto, por supuesto, no deja en segundo plano la lucha por hacer efectivos los derechos electorales de las personas que aún no los tienen.

Así, hace no muchos años diversas personas y organizaciones comenzaron a participar desde su ciudadanía, es decir fuera del gobierno, para decidir el rumbo de la actuación del gobierno. Esto lo han hecho principalmente a través de dos líneas: la revisión de las acciones de los gobernantes y la denuncia pública cuando éstos se alejan de los intereses generales de la sociedad, por una parte, y por otra en la definición de qué leyes hacer, cómo distribuir el dinero, qué programas diseñar, con qué objetivos, dónde y cómo ejecutarlos. En fin, actuar en espacios que tradicionalmente han estado reservados sólo a la sociedad política, a las y los representantes, a los gobernantes.

La participación ciudadana en las distintas decisiones del gobierno ha transformado la visión sobre el ejercicio del poder y dado lugar al llamado gobierno por políticas públicas, que se refiere a una actitud favorable a gobernar por asuntos, por temas, diseñando acciones específicas para demandas precisas, incorporando la opinión, la participación y la visión de las y los ciudadanos, como actores políticos autónomos.

Este proceso implica en sí pluralidad, no sólo porque la sociedad civil sea conformada por grupos distintos al gobernante, sino porque la sociedad civil está conformada por grupos distintos entre sí. La sociedad civil no es uniforme ni está carente de conflictos, en ella hay muchos tipos de organizaciones y de personas con visiones diferentes que intentan que su propia perspectiva sea la que prevalezca sobre las de las otras. En la sociedad civil hay intereses confrontados, y diversos sectores están permanentemente en disputa por controlar la forma como entendemos la realidad.

Antes expusimos que las elecciones son el mecanismo para que las y los ciudadanos puedan tener control sobre los gobernantes. Pero, además de la capacidad para elegir a unos u otros, ¿con qué instrumentos cuenta la persona común para controlar a quienes ya están en el poder?

Una vez que fue delegado el poder, quienes lo ejercen no necesariamente lo hacen de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. La democracia implica que los ciudadanos comunes ejercen cierto control sobre sus representantes. La limitación del poder de los gobernantes es una condición indispensable de este tipo de sistema. Pero la posibilidad de acotar el ejercicio del poder de los representantes presupone que éste sea visible, transparente, público.

La existencia de acciones ocultas de los gobernantes es opuesta a los principios de la democracia, pues impide a las y los ciudadanos tener control sobre el quehacer de sus representantes. Es una negación de la democracia. Al no conocer los actos de quienes eligió, el ciudadano pierde esa categoría y se transforma en vasallo, en súbdito de un poder que está fuera de su alcance.

La posibilidad o no de hacer pública una decisión o acción de gobierno es en sí un criterio para conocer si se ajusta o no a los principios que deben regirla. La obligación de hacer públicos los actos gubernamentales es no sólo para permitir a ciudadanas y ciudadanos conocer las acciones de quien tiene el poder y en consecuencia poder controlarlos, sino también porque el que sean públicos es en sí mismo una forma de control, pues permite distinguir lo legal de lo ilegal.

Esto entendemos por rendición de cuentas: políticos y funcionarios están obligados por ley a informar sobre sus decisiones, sus acciones y la justificación de éstas, lo que posibilita a las y los ciudadanos vigilar su actuación y sancionar a quienes lo hagan de manera incorrecta. Es un derecho de los gobernados y una obligación de los gobernantes. El sentido es controlar al poder político, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, mantenerlo dentro de las normas y procedimientos preestablecidos.

En síntesis…

Para los fines de este libro, entonces, la participación ciudadana:

es el mecanismo por el cual se concreta la democracia participativa;
implica la acción de la sociedad civil que toma decisiones en el ámbito de las acciones del gobierno, sobre temas y asuntos que antes eran reservados a los gobernantes;
ha transformado la forma y la concepción sobre el ejercicio del gobierno;
implica pluralidad, en tanto que la sociedad civil no es uniforme;
la transparencia en las acciones del gobierno es un requisito de la democracia; la información pública es obligación de los gobernantes y derecho de los gobernados.

Preguntas:

¿Cuál es la diferencia entre democracia representativa y democracia participativa?
¿Sobre qué asuntos de su comunidad, colonia, municipio, estado o país puede usted opinar?
¿Sobre cuáles tiene capacidad de decidir?
¿Sobre qué asuntos no puede decidir, pero usted considera que debería tener la capacidad de hacerlo?
En su comunidad o colonia, ¿todos piensan igual respecto a los problemas comunes?
¿Las y los habitantes de su colonia tienen acceso a información suficiente sobre las acciones de gobierno del presidente municipal? ¿A las del gobernador? ¿Del presidente? ¿De las y los legisladores?